Sánchez desenfunda la censura en el “salvaje Oeste digital”

En política existe la tentación constante de anunciar medidas que parecen moralmente incontestables cuando la realidad es incómoda y difícil de gestionar. Funciona en titulares. Funciona en foros internacionales. Funciona en la opinión pública. Y permite proyectar liderazgo. Lo que no siempre funciona es en la vida real..

La prohibición de redes sociales a menores de 16 años anunciada por el Gobierno responde exactamente a ese patrón. El argumento es impecable en apariencia: proteger a la infancia. ¿Quién podría oponerse? La infancia es el territorio más sagrado de la humanidad. El problema es que convertir una preocupación legítima en una prohibición generalizada revela más desconfianza hacia la sociedad que compromiso con soluciones factibles.

El pasado 3 de febrero de 2026, durante su intervención en el World Government Summit celebrado en Dubái, el presidente del Gobierno presentó esta medida en un discurso en el que afirmó textualmente que «las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos», describiendo Internet como un auténtico «salvaje Oeste digital». Y añadió que «España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años», exigiendo a las plataformas «barreras reales que funcionen» para impedirlo. ¿De verdad alguien cree que una prohibición administrativa evitará que un adolescente abra una cuenta con una fecha de nacimiento falsa? ¿O simplemente trasladará el problema a entornos menos visibles y más difíciles de supervisar?

Las redes sociales no son únicamente espacios de frivolidad o riesgo, son también la nueva plaza pública del siglo XXI. Allí se forman opiniones, se organizan movimientos, se fiscaliza al poder y se aprende a convivir con la discrepancia y la pluralidad de voces. Sánchez, el autoproclamado capataz del “salvaje Oeste digital”, pretende expulsar de esa plaza pública a toda una franja de edad por decreto. Prohibir no es proteger, es censurar. Cuando un problema es complejo, los gobiernos comunistas responden con una prohibición. Y si además se puede envolver en una épica contra el “salvaje Oeste digital”, mejor aún para ellos y sus acólitos.

El Gobierno no puede dar lecciones de proteger a la infancia cuando está a favor que se pueda cambiar el sexo en el Registro Civil a una edad muy temprana (antes de la mayoría de edad), sin ningún informe médico, con los peligros de la hormonación… ¿Qué pasa con los menores de edad ahí? Hubo un caso que salió a la luz, de un niño de 8 años de Ourense que consiguió cambiarse de sexo en el Registro Civil porque el juez consideró que tenía una “madurez suficiente”. ¿Madurez suficiente? ¿A los 8 años? El Gobierno no puede dar lecciones de protección de la infancia cuando apoyó en bloque la reforma de la Ley del “solo sí es sí” que rebajó las penas por agresión a violadores, agresores sexuales y pederastas. La experiencia reciente demuestra que legislar a golpe de eslogan tiene consecuencias gravísimas.

Proteger a los menores exige educación digital, recursos para las familias, formación en pensamiento crítico y una regulación inteligente de las plataformas. Exige trabajo técnico y prudencia jurídica. Lo que no exige es convertir la libertad en un interruptor que el Ejecutivo pueda apagar cuando lo considere oportuno. La libertad de expresión no es el problema del “salvaje Oeste”. Es precisamente lo que distingue a una democracia de un territorio sin ley. Y si algo debería resistir —más allá de manuales y metáforas— es la tentación de restringir este derecho.